Nuevo Proyecto de Ley C-12: descubra los 4 puntos que impactarán el tiempo de espera en inmigración

¿Alguna vez ha presentado una solicitud de inmigración a Canadá? El proceso es tardío, ¿cierto? Bien, a esta incómoda sensación de esperar largos períodos de procesamientos, con tiempos que pueden durar meses o incluso años, se suma ahora un nuevo proyecto de ley que pronto podría complicar aún más el juego de la espera.

Para que esto no lo sorprenda, es preciso que sepa lo que significa este proyecto en inmigración. Por eso, hoy abordaremos 4 puntos importantes para ganar el juego de la excesiva espera en su trámite. Lea conmigo hasta el final y entienda cómo estos cambios pueden afectar a futuros solicitantes y a quienes ya poseen visas válidas.

Propuesta del Proyecto de Ley C-12

El proyecto, con el título corto Ley para Fortalecer el Sistema de Inmigración y las Fronteras de Canadá (Proyecto de Ley C-12), y el título formal Ley sobre ciertas medidas relacionadas con la seguridad de las fronteras de Canadá y la integridad del sistema de inmigración canadiense y otras medidas de seguridad conexas, propone otorgar nuevos poderes contundentes y de alto impacto al gobierno canadiense. 

Los 4 puntos clave que debe saber

1. El gobierno pronto podría tener el poder de cancelar su visa o tarjeta de residente permanente válida

El Proyecto de Ley C-12 otorgaría al gabinete federal, mediante un mecanismo conocido como el Gobernador en Consejo, una amplia autoridad para cancelar no solo solicitudes pendientes, sino también documentos válidos ya emitidos.

La Parte 7 del proyecto modifica la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados (IRPA) para introducir las llamadas “Órdenes emitidas por interés público”. Específicamente, la nueva sección propuesta 87.302 autorizaría al Gobernador en Consejo a “dictar una orden para cancelar, suspender o modificar ciertos documentos emitidos en virtud de dicha Ley... cuando considere que es de interés público hacerlo”.

Este poder podría aplicarse a una amplia gama de documentos, incluidas tarjetas de residente permanente, permisos de trabajo, permisos de estudio y visas de residencia temporal.

Esto desafía la idea fundamental de que un documento emitido por el gobierno es seguro mientras su titular cumpla con las condiciones. La cláusula de “interés público”, vaga y sin definición clara, introduce un grado de incertidumbre incluso para quienes ya poseen un estatus válido.

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2. Este poder podría usarse para eliminar retrasos de solicitudes acumuladas durante décadas

Para entender la motivación detrás de estos nuevos poderes, hay que mirar el contexto: el sistema de inmigración canadiense enfrenta enormes retrasos. Algunos programas tienen tiempos de procesamiento casi inimaginables.

Por ejemplo, el inventario de la Categoría Humanitaria y por Razones de Compasión tiene un tiempo de procesamiento estimado de 50 años. Otras categorías, como la de Empresarios Autónomos y la de Start-Up Business, también sufren grandes demoras.

Muchos observadores creen que el gobierno busca, mediante el Proyecto de Ley C-12, la capacidad legal de eliminar estos retrasos cancelando solicitudes antiguas en masa. Ante la disyuntiva de aumentar cuotas, aceptar esperas de varias décadas o cancelar solicitudes, el gobierno parece estar creando el camino legislativo para la tercera opción.

Y no sería descabellado pensar que podría optar por esa vía.

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3. Una política de “aprobaciones masivas” en 2023 allanó el camino para posibles “cancelaciones masivas”

No es la primera vez que el gobierno utiliza medidas extraordinarias para gestionar su inventario de solicitudes. En febrero de 2023, el entonces Ministro de Inmigración Sean Fraser usó su autoridad bajo la sección 25.2 de la IRPA para emitir una política pública temporal que permitió “aprobar en bloque” un gran número de solicitudes de visa de visitante presentadas antes del 16 de enero de 2023.

El objetivo declarado era despejar el atraso generado durante la pandemia, “posicionar a Canadá para maximizar los beneficios del movimiento de turistas, empresarios y visitantes familiares” y garantizar “competitividad internacional”.

En ese momento, varios analistas señalaron que el departamento de inmigración habría preferido simplemente cancelar las solicitudes pendientes. El Proyecto de Ley C-12 busca ahora codificar una versión aún más extrema de esa autoridad, convirtiéndola en una herramienta permanente en lugar de temporal.

Esto sugiere un patrón: así como en 2023 se justificó una aprobación masiva por razones económicas, en el futuro podría justificarse una cancelación masiva con el mismo argumento del “interés público” o la “eficiencia administrativa”.

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4. Los nuevos poderes no incluyen salvaguardas claras

Una de las principales críticas al Proyecto de Ley C-12 es la falta de controles y equilibrios sobre estas nuevas facultades. El estándar legal requerido —que el Gobernador en Consejo “considere que es de interés público hacerlo”— es amplio e indefinido, otorgando un poder discrecional significativo al gabinete sin límites ni mecanismos de supervisión claros.

Como señaló la diputada conservadora Michelle Rempel Garner durante una reunión del comité:

“...no existen salvaguardas.”

Esto genera una gran incertidumbre. Cuando se preguntó directamente si el gobierno planeaba usar estos poderes para cancelar solicitudes en las categorías atrasadas, la ministra respondió que no era el plan y aseguró que las solicitudes de asilo no serían canceladas. Sin embargo, un análisis posterior concluyó: “Es difícil interpretar su respuesta con certeza.”

Incluso si el gobierno actual no planea usar ampliamente estos poderes, el hecho de que se conviertan en ley permitiría a futuros gobiernos aplicarlos de manera diferente, dejando a los solicitantes y titulares de visas en una posición precaria.

¿Entramos a una nueva era de incertidumbre migratoria?

El Proyecto de Ley C-12 representa un cambio potencialmente significativo en la legislación de inmigración canadiense. Propone otorgar al gobierno una autoridad sin precedentes para gestionar su inventario de solicitudes y cancelar documentos con una supervisión mínima, amparándose en el ambiguo concepto de “interés público”.

Para los solicitantes y titulares actuales de visas, esto podría marcar el paso de un sistema basado en reglas y tiempos predecibles a uno donde las prioridades administrativas prevalezcan sobre los derechos individuales.

Mientras Canadá busca modernizar su sistema de inmigración, el Proyecto de Ley C-12 plantea una pregunta crucial:

"¿Debería Canadá darle al gobierno el poder de cancelar visas y permisos de inmigración de manera excepcional para agilizar trámites, y, de ser así, cómo asegurarse de que no se use de forma injusta o arbitraria?"

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Gracias por leernos. Lo esperamos en el próximo blog.

Con amor, 

Immiland Law Professional Corporation

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