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La crisis de vivienda en Canadá es real. Se debe a que las políticas migratorias recibieron a miles de residentes temporales y permanentes, pero no previeron la falta de infraestructura. Por eso, hoy el Estado prioriza que los inmuebles sean para vivir y no solo para hacer negocios.
En provincias como Ontario, para que el sistema de vivienda funcione, el cumplimiento de los contratos debe ser estricto. Es aquí donde entra la nueva Ley Bill 60 en Ontario, que ha reducido el tiempo de espera para iniciar un desalojo por falta de pago de 15 a solo 7 días.
En este blog, analizaremos si estamos ante una falla del sistema o una falta de principios éticos por parte de los actores involucrados.
Lea conmigo hasta el final para que analicemos si es el dueño quien tiene que cubrir esa crisis o es un tema de aceptar la propia falta de capacidad de pago como inquilino.
En el sector inmobiliario canadiense, es posible encontrar personas con una alta capacidad de inversión inmobiliaria tan masiva que, incluso, hay quienes llegan a tener hasta 200 llaves (apartamentos o casas), pero también hay quienes con esfuerzo sostienen la hipoteca de una sola propiedad.
Es cierto que la población inmigrante se concentra principalmente en ciudades como Toronto, Montreal y Vancouver, donde la demanda ha superado por completo la oferta y el costo de vida es muy alto, pero el hecho de que existan grandes inversores o propietarios de una sola vivienda no significa que el sector privado deba absorber los fallos de las políticas públicas.
Es un error pensar que el arrendador deba suplir la falta de vivienda que el Estado no garantizó. Las decisiones migratorias del Gobierno de Canadá son responsabilidad pública; por lo tanto, no se puede exigir a los propietarios que financien la crisis habitacional a tal punto que permitan el impago de sus rentas.
Aquí es donde entra la Ley Bill 60 de Ontario y su propósito.
La nueva Bill 60 de Ontario establece que: si el pago del alquiler no se efectúa, el tiempo de espera para que el arrendador pueda iniciar el proceso de desalojo es de solo 7 días (antes era de 14).
El objetivo es proteger la estabilidad financiera del propietario, quien suele ser un particular con compromisos hipotecarios que el sistema bancario no detiene.
Aunque el origen del impago sean dificultades económicas reales del inquilino, bajo las nuevas reglas, el tribunal puede exigirle que deposite el 50% de la deuda acumulada antes de permitirle presentar cualquier defensa legal en la audiencia.
La normativa provincial se ha vuelto más estricta. Sin embargo:
¿Es posible encontrar un punto de equilibrio antes de que la ley actúe? Quizás la respuesta dependa de la transparencia y comunicación efectiva entre ambas partes.
Es importante reflexionar: ¿Vale la pena arriesgar el historial crediticio o el patrimonio por falta de comunicación?
Consejo legal: como consultoría legal migratoria, cabe mencionar que siempre existe la posibilidad de realizar un acuerdo de pago formal antes de que el caso escale a la instancia judicial.
Una negociación sensata puede evitar que un problema económico temporal se convierta en un desalojo definitivo, lo cual representa una protección tanto para la estabilidad del inquilino como para el flujo de caja del dueño.
Claro está que cada caso es diferente y se debe evaluar con profesionalismo y conocimiento legal profundo.
Existe una responsabilidad crítica común: la de actuar hasta donde lo permita la capacidad de pago.
Este punto es fundamental porque define cómo enfrentamos las crisis en un país como Canadá. Es comprensible que existan baches económicos como recién llegados o después de establecernos, pero la honestidad debe prevalecer.
Nuestros valores éticos nos dictan que, ante la imposibilidad de cumplir con un contrato de arrendamiento, lo correcto es entregar el bien. Quedarse en una propiedad sin pagar, esperando que el dueño absorba una crisis personal ajena, no es un derecho; es una acción que afecta a familias que dependen de dicha renta para no perder su propiedad ante el banco.
Puede complementar este análisis en el video: La crisis de vivienda en Canadá y los arrendadores de nuestro canal de YouTube.
Si usted se encuentra en una situación donde el pago de la renta es simplemente imposible, la solución más inteligente y ética no es esperar el desalojo. La clave está en la entrega voluntaria del inmueble mediante un acuerdo legal.
Esto le permite:
La crisis es real, pero su integridad y su futuro en este país dependen de cómo decida enfrentarla.
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Gracias por leernos. No se pierda nuestro próximo blog sobre: ¿Sabía que una simple publicación en redes sociales podría afectar su residencia permanente en Canadá?
Con amor,
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